Torra desafía a la Junta Electoral y no retira el lazo del Palau de la Generalitat

“Torra podría incurrir en responsabilidad penal si persiste en la desobediencia”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido mantener los lazos amarillos en los edificios públicos tras vencer el último plazo dado por la Junta Electoral, a la vez que se ha comprometido a acatar el criterio del defensor del pueblo catalán sobre si debe reconsiderar su postura.

El plazo ha vencido sin que Torra accediese a retirar la simbología alusiva a los políticos presos, de manera que en la fachada del Palau de la Generalitat seguía colgando la pancarta con el lema “Libertad presos políticos y exiliados”, junto a un lazo amarillo.

En la reunión semanal, Torra ha acordado pedir al Síndic de Greuges un dictamen y delegar en sus consellers la decisión de retirar los lazos y esteladas de sus departamentos.

Como último responsable del Palau de la Generalitat, Quim Torra ha optado por no retirar ningún símbolo hasta que el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, no se pronuncie, pese a estar advertido de posibles responsabilidades penales y de que la Fiscalía puede actuar por un presunto delito de desobediencia con multa e inhabilitación para ejercer un cargo público. Seguirá adelante con su desafío a la Junta Electoral Central (JEC). Según ha revelado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, el president no retirará la pancarta con el lazo amarillo situada en el balcón del Palau de la Generalitat. La decisión, de la que ha informado en el Consell Executiu, ha sido “acordada verbalmente” con el resto de consellers -también ha telefoneado al vicepresidente, Pere Aragonès-.

En paralelo, el gabinete jurídico de la Generalitat ha dirigido un escrito a la JEC en el que exige mayor claridad a la administración electoral -denuncia que en el texto de la JEC no se especifica con concreción si se debe retirar toda simbología o solo lazos o esteladas- e insiste en la “imposibilidad” material de retirar toda la simbología porque hay muchos edificios que no dependen de la Generalitat. Torra, también, está trabajando con el Sindic de Greuges para valorar de qué manera debe actuar. “Si se tuviera que actuar, dónde y cómo. Sobre qué se debería actuar”, ha asegurado, sin arrojar más detalles. Lo que sí ha asegurado es que el Govern seguirá las recomendaciones del organismo, aunque no hay fecha determinada para la publicación del dictamen.

Asimismo, el resto de consellers tendrán libertad para decidir qué hacer en las sedes de sus departamentos, aunque la portavoz del Govern ha adelantado que existe un consenso en que “todos” seguirán la misma línea de actuación que Torra. Es decir, tampoco retirarán los lazos amarillos. “Hemos acordado que en las sedes de los diferentes departamentos se actuaría de la misma manera. No querríamos como Govern que se acabe usando como arma para generar fricciones o desavenencias”, ha resumido en la rueda de prensa al Consell Executiu. Como ha adelantado este diario, ERC no comparte esta decisión, ya que quiere evitar tentar a la desobediencia.

Más allá de este consenso, el Govern ha dado libertad al resto de la administración pública. En este caso, por ejemplo, los servicios territoriales de educación del Vallès, que también han recibido una notificación de la JEC, podrán decidir qué hacer bajo su propio criterio.

La resolución de la Junta Electoral también niega que la «dificultad legal», esgrimida por Torra, de cumplir su mandato para retirar los lazos no puede ser considerada una «excusa» para mantenerlos: «La mayoría de esos edificios públicos dependen de la Presidencia o de alguna Consejería de la Generalidad; y de otra, porque bastaría con indicar a la Junta Electoral Central aquellos edificios concretos en los que se produjera esa situación». Del mismo modo, la JEC echó por tierra que Torra pueda ampararse en la libertad de expresión para no actuar: «Ese derecho no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista». Y cita para ello la literalidad de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: «Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico; lo que incluye la aplicación del artículo 50.2 de la Loreg. A ello cabe añadir que entre los deberes de los empleados públicos, el artículo 52 del mismo texto legal incluye los de neutralidad e imparcialidad».

Por último, tampoco da validez al argumento de mantener los símbolos basándose en las resoluciones aprobadas en este sentido por el Parlament: «La legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución».

La Junta Electoral Central dio ayer 24 horas para retirar lazos y estelades de los edificios públicos al considerar que reflejan las aspiraciones de una parte de la población catalana, pero no de toda. Los servicios jurídicos de la Generalitat habían alegado al primer aviso del órgano jurídico electoral que el derecho a la libertad de expresión ampara la exhibición pública de estos símbolos en sedes institucionales. Pero la Junta Electoral Central replicó que si bien el lazo amarillo es un símbolo legítimo que pueden utilizar las formaciones políticas en su propaganda electoral, “durante los periodos electorales, por exigencia en lo dispuesto en el artículo 50.2 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral), no lo pueden hacer los poderes públicos porque deben mantener una rigurosa neutralidad”.

Artadi y Borràs se despiden del Govern

Artadi, junto a la consellera de Cultura, Laura Borràs, han asistido esta mañana a su último Consell Executiu. Ambas dejarán finalmente esta semana el ejecutiva catalán para embarcarse en sus respectivas candidaturas: Artadi lo hará como número dos de Joaquim Forn en Barcelona y Borràs como número dos de Jordi Sánchez en las elecciones generales del 28 de abril. En Cultura no hay ningún nombre decidido, mientras que en Presidencia coge el relevo de Artadi la alcaldesa de La Garriga (Barcelona), Meritxell Budó.

Fuente de la noticia La Razón

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