Malta abre las cloacas de la relación de políticos con la mafia italiana

La rabia crece en las calles de Malta y cunde la protesta para que se haga justicia rápidamente por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galicia, el 16 de octubre del 2017, infatigable luchadora para denunciar la corrupción en Malta. Su informe sobre los llamados «Papeles de Panamá» vinculaba a los principales políticos malteses con compañías fantasma fuera del país. Fue un homicidio de Estado, con un coche bomba -la carga explosiva partió de la mafia italiana- que quemó viva a la periodista, un escándalo que conmocionó a Europa y que de nuevo pone a Malta en el centro de todas las miradas porque el caso se considera my importante para la libertad de prensa y el estado de derecho en la Unión Europea. La furia de los malteses contra el Gobierno va en aumento, tras la decisión de Joseph Muscat, de 45 años, primer ministro desde el 2013, quien anunció en la noche del domingo que solo dimitirá a partir del 12 de enero, fecha prevista para la elección de su sucesor al frente del Partido Laborista. Ayer se había convocado una nueva manifestación de protesta -la novena en las últimas semanas- para pedir la inmediata renuncia de Joseph Muscat, al que acusan de encubrir de los responsables del homicidio. La policía tuvo que colocar ayer vallas ante el Parlamento para impedir en esa zona el acceso de los manifestantes, cuyo grito de protesta siempre ha sido el mismo: «Justicia», «los mafiosos a la cárcel», «asesinos». Homicidios de Estado
En esas manifestaciones -la del domingo duró dos horas- han participado los tres hijos de Daphne Caruana, y sus padres Michael y Rose-Marie, ambos de 81 años, silenciosos y con admirable dignidad. Para la familia, no hay duda, de que se trató de un crimen de Estado, según manifestó el padre al «Corriere»: «Absolutamente, sí. Fue un asesinato de Estado. Este es el motivo por el que hay que insistir, las manifestaciones deben continuar. Cuando Daphne fue asesinada, quedamos traumatizados, pero no sorprendidos. Sabíamos que podía ocurrir. Y eso es inadmisible. Tenemos que refundar Malta». En la última manifestación comenzó a hablarse de desobediencia civil para lograr la inmediata dimisión de Muscat. Razones hay, a la luz de los acontecimientos que ya son de dominio público, para considerar que se trató de un homicidio de Estado, como dice el padre de Daphne Caruana. El exjefe del gabinete del Gobierno y brazo derecho de Muscat, Keith Schembri fue detenido el pasado miércoles y luego puesto en libertad, siendo acusado de estar presuntamente relacionado con el homicidio. Además, Schembri mantiene un estrecho contacto con uno de los empresarios más poderosos del país, Yorgen Fenech, detenido el pasado día 20 -luego puesto en libertad con fianza-, cuando intentaba huir de Malta en su lujoso yate. Fenech presuntamente habría pagado 50.000 euros a cada uno de los tres sicarios que colocaron una bomba en el coche de Caruana en la noche anterior al atentado. Los tres fueron arrestados y están a la espera de juicio. Otros dos ministros, el de Turismo, Konrad Mizzi, y el de Economía, Chris Cardona, también dimitieron por su relación con el escándalo. Según una investigación de Reuters del pasado año, Mizzi y Schembri tenían dos compañías fantasma en Panamá, que esperaban recibir más de dos millones de euros por los servicios de una sociedad ubicada en Dubai, 17 Black Limited, propiedad del empresario Yorgen Fenech, sobre la que había escrito Caruana denunciando esas oscuras y corruptas relaciones. «Hasta ahora, el primer ministro Josep Muscat ha demorado su dimisión, en un desesperado intento por continuar protegiendo a su brazo derecho Schembri y a sí mismo; no hay otra explicación para su negativa a marcharse», afirma la familia de Daphne Caruana.
Fuente de la noticia ABC

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