La Justicia tiene aún pendientes de autorizar 4.500 licencias de VTC

Mes a mes, la estadística de autorizaciones del vehículos de alquiler con conductor (VTC) del Ministerio de Fomento va engordando. A comienzos de marzo, su número alcanzaba las 13.556. Pero, lejos de estar cerca de tocar techo, todavía le queda mucho recorrido al alza. El sector estima que aún tienen que llegar al mercado otros 4.500 permisos a través de los tribunales.

El origen de este aluvión de nuevas licencias VTC está en la denominada Ley Omnibus, que liberalizó servicios como el del transporte de viajeros en vehículo en 2009. Hasta que el Gobierno del PP aprobó en 2015 un decreto-ley que estableció la ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxis, no había impedimento alguno para que las comunidades autónomas concedieran todas las autorizaciones de este tipo que se les solicitasen. Sin embargo, entre 2012 y 2015, las autonomías denegaron todas las solicitudes alegando que el mercado estaba ya saturado. Sin embargo, el Tribunal Supremo comenzó hace un par de años a fallar a favor de las compañías de VTC, lo que está provocando la entrada de nuevas licencias en el mercado a pesar de que la ratio 1/30 está ya claramente superada.

Más de 13.500

Hasta 2015, las empresas de VTC solicitaron unas 18.000 licencias, según sus cálculos. Y dado que su número actual es de 13.556, todavía están pendientes de ser concedidas por la vía judicial otras 4.500 nuevas autorizaciones. Un buen número de ellas, unas 1.200, llegarán a Madrid, donde hay 6.800 aunque se solicitaron un total de 8.000.

Aunque ahora permanece larvado a la espera de que las elecciones aclaren el panorama político, el conflicto entre el taxi y los VTC dista mucho de estar solucionado. En los últimos meses, el taxi ha sido muy beligerante en sus planteamientos, con huelgas en Madrid y Barcelona incluidas. Pero sus movimientos no le han servido para granjearse el apoyo de los usuarios. Según una encuesta de Metroscopia presentada ayer, el 81% de los españoles está a favor de liberalizar el sector para que taxi y VTC puedan competir en igualdad de condiciones, tal y como propugnan Uber y Cabify. Sólo un 15% apoya que las administraciones, tal y como están haciendo, regulen a favor del sector del taxi. La estrategia del taxi en el conflicto con los VTC tampoco le ha granjeado las simpatías de los usuarios. Frente al 24% que se considera protaxi, un 43% simpatiza con las VTC. La mayoría de los consulados, el 60%, no están de acuerdo con el decreto del Ministerio de Fomento que ha transferido las competencias a las comunidades autónomas pues considera que debería ser el Gobierno central el que regulase el sector.

Sean del partido que sean, la mayoría de los encuestados tiene una opinión favorable a las VTC. El 82% cree que tienen un impacto positivo en el empleo; el 76%, que tienen un efecto positivo en la movilidad urbana; el 60%, que son el futuro de la movilidad urbana; y el 57%, que no son competencia desleal del taxi. Los votantes de Podemos son los más críticos con las VTC. Sin embargo, no llegan ni al 50% los que acusan a este sector de ser competencia desleal para el taxi.

Cataluña

Los encuestados son muy contundentes con la regulación catalana del sector. En conjunto, el 77% se opone a la precontratación de quince minutos de los servicios VTC impuesta por la Generalitat, mientras que el 64% apoya lo hecho en Madrid. Entre los consultados en Cataluña, el 70% también se opone a la normativa autonómica.

El estudio de Metroscopia, encargado por la patronal de los VTC, Unauto, es representativo de la sociedad española porque se ha realizado con 1.270 entrevistas, una muestra estándar para reflejar el sentir de la población nacional respecto a un as

El vicepresidente de Unauto, Rafael García Tapia, dijo que el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) «debe preocuparse» por un futuro Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, por la defensa «incomprensible» de ambos partidos al «monopolio del taxi». García Tapia destacó además los compromisos de PP y Ciudadanos para derogar el «decreto Ábalos», que faculta a las comunidades autónomas a regular la actividad de las VTC, y el aprobado por la Generalitat de Cataluña, que establece los 15 minutos de precontratación.

unto, según ha explicado José Pablo Ferrándiz, investigador principal de la firma.

Fuente de la noticia La Razón

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