La Fiscalía cree que se creó un gobierno paralelo para colocar a afines de PSPV y Compromís en la Diputación de Valencia

La campaña electoral del PSPV se ve desde este martes empañada por el levantamiento del sumario del caso Alquería, que investiga contratos irregulares en la Diputación de Valencia. Su expresidente, Jorge Rodríguez, fue detenido en junio de 2018 junto con otros cargos de la empresa pública Divalterra, heredera de Imelsa y centro de otros casos de corrupción. Junto a él fueron arrestadas otras cinco personas de su círculo de confianza en el marco de una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, si bien en su vertiente de administración desleal. Se trataba de los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda; y dos asesores de la Diputación, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego. En la querella formulada por Fiscalía Anticorrupción que figura en el sumario, al que ha tenido acceso ABC, se apunta a una actuación «arbitraria y caprichosa» en la contratación de directivos de la cual tenían conocimiento los querellados «de forma incuestionable». En este sentido, hace hincapié en los «artificios» buscados para tratar de amparar unas contrataciones «que responden al puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente». Unas prácticas que, en opinión de Anticorrupción, revelan la creación de una «estructura de gobierno» paralela a la auténtica voluntad del Consejo y formada tan sólo por los consejeros de los partidos que sustentan la corporación provincial (PSPV y Compromís). Ésta, señala, no estaría amparada en los estatutos y evidencia el desplazamiento de las funciones que corresponden al Consejo de Administración de la sociedad y el claro abandono de las funciones de gestión en beneficio social que deben realizar los gerentes. Unos cargos que son reemplazados en sus funciones, indica Fiscalía, por Cuerda. La ampliación de la denuncia que dio origen a esta investigación reseña, en opinión de Anticorrupción, el «clima de tensión, presiones y amenazas» dentro de la empresa para que los técnicos realicen el trabajo siguiendo determinadas órdenes al margen de si las mismas son ajustadas al derecho.
Fuente de la noticia ABC

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