Detienen al líder de una milicia que «cazaba» ilegales en Estados Unidos

«‘God, guts and guns». Esas son las tres «g» sobre las que para Larry Hopkins está fundado EE.UU. «Dios, agallas y armas», los cimientos que, según Hopkins, habilitan las operaciones de los Patriotas Constitucionales Unidos (UCP, en sus siglas en inglés), una de las milicias que campean en la frontera con México y que tratan de controlar por su cuenta el aluvión de inmigrantes indocumentados. Hopkins, de 69 años, cargado de anillos, tatuajes y kilos, fue detenido el pasado sábado por el FBI en Sunland Park, una ciudad fronteriza en el estado de Nuevo México. Las autoridades le imputan por posesión ilegítima de armas y de munición: es un criminal condenado que no puede tener armas (ya fue detenido en 2006 en Oregón por algo similar). Esa es la razón oficial por la que ayer iba a presentarse ante un tribunal federal, pero es imposible desligar su detención de la polémica provocada en los últimos días por las operaciones de la UCP. Como otras milicias que operan en la frontera, sus integrantes van armados hasta los dientes y ataviados con ropa militar. En su página web, aseguran que su objetivo es «defender la Constitución de EE.UU.» ante «cualquier enemigo, extranjero o nacional, que infrinja los derechos de los ciudadanos». En el terreno, se dedican a intimidar y acosar inmigrantes y a ayudar a la policía de frontera a detenerlos. También, como ha quedado de manifiesto, los detienen por sí mismos, algo para lo que no están facultados. El 16 de abril, una mujer que parece vinculada con la milicia colgó un vídeo en directo por Facebook en el que aparecía un gran grupo de inmigrantes, con apariencia de haber sido detenidos tras cruzar la frontera. Era de noche, y estaban agolpados unos contra otros, sentados o arrodillados, mientras les apuntaba la luz de diferentes linternas. Los mantuvieron así hasta que llegaron agentes de la Patrulla de Fronteras. «Inaceptable»
La reacción al vídeo ha llegado desde dentro y fuera del Gobierno. Poco después de publicarse, la filial en Nuevo México de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) exigió a la gobernadora del estado, la demócrata Michelle Luján Grisham, y a su fiscal general, Héctor Balderas, que investigaran lo sucedido. «No podemos permitir que justicieros racistas y armados secuestren y detengan a gente que busca asilo», exigieron en una carta. La gobernadora calificó de «absolutamente inaceptable» las actuaciones de estas milicias y el fiscal general aseguró que «el imperio de la ley debe estar en manos de agentes oficiales de seguridad, no en justicieros». La Patrulla de Fronteras ha admitido que tienen contacto con milicias de este tipo, pero que no trabajan con ellos, y han insistido en que la autoridad para detener a alguien o hacer arrestos es «exclusivamente de la Patrulla de Fronteras». La agencia de Protección de Aduanas y Fronteras ha asegurado que «ni apoya ni consiente» que grupos privados como UCP tomen medidas de seguridad por su cuenta y han advertido de que esa interferencia puede tener consecuencias legales.
Fuente de la noticia ABC

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